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Australia y Colombia: Oportunidades y retos en la protección de los pueblos indígenas y aborígenes: Reseña de la visita del Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres – AIATSIS

Australia tiene más de 250 grupos lingüísticos que pertenecen principalmente a dos grupos culturales: los pueblos aborígenes y los isleños del estrecho de Torres. Un censo de 2016 confirmó la presencia de 649.200 miembros de estos grupos en el territorio australiano, es decir, el 2.8% de la población del país. En Colombia, con una población que casi duplica a la australiana, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística-DANE reportó en septiembre pasado la presencia de más de 1.900.000 miembros de comunidades indígenas en el país, equivalentes al 4,4% del total de la población. Un aumento del 36,8% en comparación con el censo de 2005.

Este hecho no sólo representa una similitud en el número de poblaciones indígenas y/o aborígenes entre ambos países, sino que también plantea grandes desafíos para el mantenimiento y la preservación de su cultura, conocimiento y derechos, en un mundo cada vez más globalizado, estandarizado y cambiante. Pese a la distancia geográfica y a las diferencias culturales y económicas, Australia no ha sido ajena a las mismas discusiones que Colombia en la relación con sus pueblos aborígenes e indígenas.

En Australia, los derechos territoriales para los pueblos aborígenes e isleños del Estrecho de Torres se refieren a la lucha en curso para obtener el reconocimiento legal y moral de la propiedad de las tierras y aguas que llamaron hogar antes de la colonización de Australia en 1788. Esta lucha ha tenido distintos avances a lo largo de la historia, siendo uno de los principales hitos el fallo sobre el caso Mabo, que rechazó la idea que Australia no pertenecía a nadie antes de la llegada de los ingleses, por cuanto los pueblos indígenas finalmente lograron el reconocimiento del derechos sobre sus territorios de acuerdo con sus propias normas y costumbres a través del Native Title Act de 1993.

En Colombia, desde la década de 1980, los pueblos indígenas tienen derechos legales sobre sus territorios y el gobierno reconoce a los resguardos como su tierra colectiva. Con la Constitución de 1991, Colombia otorgó a los pueblos indígenas autonomía administrativa en el manejo de sus resguardos, y reconoció el carácter multicultural de la nación. Sin embargo, ello no ha derivado en mejores condiciones de vida para los indígenas, ni en el fin de las disputas en materia de titulación de tierras.

La mayoría de las comunidades indígenas de Colombia están asentadas en territorios ricos en recursos, donde las industrias extractivas buscan obtener licencias de operación y una relación constructiva que genere oportunidades de empleo y desarrollo a partir del pago de impuestos, regalías, economías a escala. Además, la presencia de minería ilegal ha causado daños sociales y ambientales a sus territorios causando reticencia hacia la operación de la industria en general.

En Colombia, la discusión algunas veces se ha centrado en la dicotomía entre medio ambiente y minería o en la condición excluyente entre los intereses de las comunidades indígenas y las empresas extractivas. Australia ha logrado sortear con éxito este dilema, siendo un referente en la inclusión de los intereses de desarrollo indígenas y el desarrollo de la actividad minera. Es por ello, que entre el 15 y el 19 de septiembre de 2019, el gobierno de Australia trajo una delegación del Instituto Australiano de Estudios Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres (AIATSIS) a Colombia, mostrando a Australia como un socio confiable en un tema de relevancia para ambas naciones. La delegación de AIATSIS, compuesta por Lisa Strelein y Nolan Hunter, sostuvo múltiples reuniones con actores de alto perfil dentro de la escena indígena, territorial y minera de Colombia, incluido el Ministerio del Interior y uno de los periódicos más relevantes del país, El Tiempo.

Strelein es una reconocida profesora honoraria de la Universidad Nacional de Australia con vasta experiencia en investigaciones en materia de soberanía indígena y el derecho común. Hunter, por su parte, es CEO de Kimberly Land Council, organización sin ánimo de lucro que ayuda a las comunidades indígenas en el noroeste de Australia. Es activista en temas indígenas en todo Australia y en el exterior, incluyendo reforma constitucional.

El Director General de la Unidad de Restitución de Tierras, Andrés Castro, destacó la motivación detrás del hecho que países como Australia deseen conocer el trabajo que Colombia ha realizado en nombre de las poblaciones étnicas. Strelein y Hunter afirmaron que la situación posterior al conflicto de Colombia es un ejemplo con respecto al reconocimiento de tierras a grupos indígenas, como se contempla en el Acuerdo de Paz.

Por otra parte, la Embajada de Australia en Bogotá organizó un panel de discusión llamado “Post acuerdo en las comunidades indígenas: una reflexión entre Australia y Colombia”, con el objetivo de compartir experiencias entre ambos países en la gestión de las comunidades aborígenes e indígenas. El evento contó con la asistencia de cerca de 60 personas, provenientes de organizaciones indígenas, misiones diplomáticas, instituciones gubernamentales, instituciones académicas. Además de Strelein y Hunter, el evento tuvo como panelistas a Belkis Izquierdo magistrada del Tribunal de Paz en la Jurisdicción Especial e indígena Kankuama; Inés Andrade, Directora de normas y responsabilidad corporativa en Cerrejón, una de las minas exportadoras de carbón más grandes de Colombia, que cuenta con capital australiano; y José Rafael Unda, Gerente de Ardura, una consultora en derechos humanos.

Aunque hubo diferentes posiciones y opiniones a lo largo de la discusión, el consenso fue claro: el histórico proceso de paz con las FARC en Colombia trajo grandes beneficios, pero también conlleva la necesidad de fortalecer las políticas públicas hacia todos los grupos sociales del país para fomentar su desarrollo. Además, es necesario aumentar la presencia estatal en las zonas dejadas por las FARC, proporcionando acceso a salud, educación, empleo y desarrollo, y evitando que otros grupos criminales llenen el vacío que dejó el ex movimiento guerrillero. Por su parte, los representantes de AIATSIS fueron enfáticos en señalar la necesidad de diálogo constante y la búsqueda de puntos comunes que generen compromisos claros y contundentes frente a los derechos de los pueblos indígenas y aborígenes.

En general, la visita de AIATSIS mostró cuán parecidos son los retos que tienen Australia y Colombia en materia de apoyo a de comunidades aborígenes e indígenas, al tiempo que extendió las oportunidades de entendimiento e intercambio de experiencias entre ambos países.

Autora: Marianna Boza Morán

Directora del buffet de abogados Brigard Urrutia

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